TRABAJO ESCLAVO Y (IN)CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LEGAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES DISCAPACIDAD
Tatiana Conceição Fiore de Almeida, Abogado, estudiante de Doctorado en la Universidad de Buenos Aires – UBA; Miembro Investigador del Centro de Investigación y Extensión Académica "El trabajo más allá del Derecho Laboral - dimensiones de la clandestinidad laboral" NTADT.USP, en el eje Trabajadores del Deporte y Trabajadores LGBTQIAPN+, Coordinador del Eje Personas con Discapacidad y Neurodiversidad; Miembro Académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Columnista/Investigador del equipo internacional Latin-Iuris (Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Formación Jurídicas) y Representante de Brasil Cielo Laboral. Correo electrónico: [email protected], ORCID 0009-0002-5605-8626
RESUMEN: La Constitución Federal dio especial importancia a la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral. En Brasil, la desobediencia a la imposición de contratar personas con discapacidad caracteriza una práctica discriminatoria, arraigada en el capacitismo estructurante. El daño al orden jurídico de inserción de las personas con discapacidad se agrava cuando se las reduce a la análoga condición de esclavos, lo que lleva a un análisis de conjetura social, teniendo en cuenta la evolución histórica de los derechos de esta parte vulnerable de la comunidad. , así como de los Convenios de la OIT1, ratificados por Brasil con estatus de enmienda constitucional, cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU2 y el Protocolo CNJ3. Este desarrollo permitirá la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral, desde la perspectiva de los derechos humanos en su dimensión más integral de antidiscriminación.
PALABRAS CLAVE: Persona con Discapacidad; Condición similar de esclavitud; Capacidad Estructurante; Cuota Legal para la Inclusión en el Mercado Laboral; Agenda 2023 de las Naciones Unidas; Protocolo Antidiscriminación del CNJ; Convenios de la OIT, Derechos Humanos.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN; II. PRINCIPIO DE IGUALDAD COMO TÉCNICA DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES; III. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; i. (In)cumplimiento de las leyes de cuotas; ii. El proceso estructural – reorganización a través de los tribunales; iii. Intersecciones capacitistas y accesibilidad actitudinal; IV. TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES ANALOGAS A LA ESCLAVITUD; V. CONCLUSIÓN; VI. VI. LISTA DE REFERENCIAS.
I. INTRODUCCIÓN.
Uno de los grandes ejes de los Derechos Sociales, como medida de las políticas públicas y de la implementación de los valores de bienestar y justicia social, se refiere a las condiciones y relaciones de trabajo.
Para las personas con discapacidad (PCD), a pesar de la existencia de varios instrumentos legislativos que fomentan y apoyan su empleabilidad, ingresar al mercado laboral sigue siendo una tarea difícil.
Según el Censo de Personas con Discapacidad 2022, indicativo de la ‘Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios’ (PNAD)4, revela que el 26,6% de las personas con discapacidad encuentra empleo formal, mientras que el 55% se encuentra en situación informal, siendo el ingreso promedio real de este grupo de personas es inferior en un 30%.
Considerando la encuesta realizada por el Banco Nacional de Empleo (BNE), con base en informaciones de eSocial de enero de este año, resulta que Brasil tiene 545.940 mil personas con discapacidad y rehabilitados del INSS insertadas en el mercado laboral formal, vale la pena destacando que aumentó el número de empresas contratadas, identificándose 142.618 personas con discapacidad ingresadas. De ellos, 30.189 ingresos se realizaron mediante intervención inspectora directa y 112.429 de forma indirecta.
Considerando los 46 millones de contratos de trabajo formales, sólo 486 mil están realmente dirigidos a personas con discapacidad, es decir menos del 1%, lo que demuestra que la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral aún enfrenta desafíos, cuando nos enfrentamos a la La tasa de analfabetismo para las personas con discapacidad fue del 19,5%, mientras que para las personas sin discapacidad fue del 4,1%. La mayoría de las personas con discapacidad de 25 y más años no completó la educación básica: el 63,3% no tenía estudios o tenía educación primaria incompleta y el 11,1% tenía educación primaria completa o secundaria incompleta, y tenía educación superior el 7,0%.
Sectorizando Brasil por regiones, el Nordeste tuvo el mayor porcentaje de población con discapacidad registrado en la encuesta, con 5,8 millones, equivalente al 10,3% del total. En la región Sur, el porcentaje fue del 8,8%. En el Centro-Oeste, el 8,6% y, en el Norte, el 8,4%. La región Sudeste tuvo el porcentaje más bajo, con un 8,2%, sin embargo, una investigación realizada por la Secretaría de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de São Paulo indicó que el 19% de las personas con discapacidad sienten durante las entrevistas de trabajo que sus empresas miran más sus deficiencias que en sus habilidades profesionales, revelando prejuicios que son resultado del capacitismo estructural y la discriminación arraigada en barreras actitudinales.
Los estudios demuestran que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar pobreza y esta condición social también aumenta la incidencia de problemas de salud, esto significa que a nivel mundial el 20% de las personas más pobres tienen algún tipo de discapacidad y el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo.
A la vista de estos datos estadísticos, y de la legislación constitucional e infraconstitucional sobre las personas con discapacidad, en particular en lo que respecta al acceso al mercado laboral, la vulneración de derechos se agrava cuando se les pone a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud, lo que va mucho más allá de la privación de libertad, presentándose en las más amplias situaciones de atentado a la dignidad humana, como en los casos de sometimiento a condiciones de trabajo degradantes, jornadas de trabajo agotadoras (teletrabajo desde casa) o forzadas por deudas impuestas a los trabajadores.
En este artículo, ponderando las “S” de la práctica ESG (Environmental, Social, and Governance), además de las obligaciones legales de promover la inclusión y la accesibilidad como acciones afirmativas, se pretende analizar la reorganización, por la vía judicial, de la función social del trabajo, que se encuentra en estado de inconformidad estructurada, y se encuentra entre los objetivos de la Agenda 2023, cuando aborda la reducción de las desigualdades, el empleo digno, la erradicación de la pobreza, y el Proyecto Antidiscriminación del CNJ, que engloba acciones y contenidos educativos para sensibilizar a directivos, empresarios y sensibilizar a los trabajadores, reforzando la idea de que estas conductas nocivas deben ser denunciadas, vigiladas y sancionadas.
II. PRINCIPIO DE IGUALDAD COMO TÉCNICA DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES.
Los derechos sociales pertenecen a la segunda dimensión de los Derechos Fundamentales, que se vincula con el valor de la igualdad material, los cuales requieren de una acción positiva del Poder Público, forma activa del Estado para establecer, directa o indirectamente, los beneficios previstos en las normas constitucionales, que habilitan derechos que tienden a igualar situaciones sociales desiguales.
El surgimiento de las categorías de libertad e igualdad transforma al hombre en un sujeto de derecho, que ahora está dotado de capacidad jurídica para celebrar contratos, al estar investido de personalidad. Como sujeto de derecho, puede vender sus atributos, sus predicados, de tal manera que podemos decir que la libertad del hombre es su libre consentimiento, ya que puede disponer de sí mismo por un período de tiempo determinado mediante un intercambio de equivalentes.
Incluso admitiéndose la estructura contractual – típicamente liberal – siempre debemos incluir al hombre y a su fuerza laboral en un mismo entorno, que tenga la igualdad como uno de los elementos básicos de las Teorías de la Justicia, que consolide el Estado Democrático de Derecho como un Estado justo y solidario.
Con esta idea de Estado Democrático de Derecho, la preocupación por la igualdad pasa a ser foco de mayor atención en las más diversas Teorías de la Justicia.
El lugar central que ocupa la noción de igualdad en las Teorías de la Justicia fue atacado, por John Rawls, en la construcción del principio de diferencia5; en la solución de problemas de malestar social – en la lógica de la desigualdad socioeconómica; o como Amartya Sen, donde las dicotomías generadas por las tensiones de las desigualdades entre minorías y otros (como ensaya nuestro artículo, de trabajadores con discapacidad excluidos del mercado laboral, o en condiciones análogas a la esclavitud), de carácter social, se vinculan con exclusión.
Este es un tema que interesa mucho al discurso actual sobre derechos humanos, que las políticas públicas pueden y deben contemplar los derechos de las minorías otorgados por los estados de bienestar, con las nuevas configuraciones del mundo del trabajo, donde la inclusión debe ser demanda de las minorías. – centrarse en los desiguales.
En Derechos Sociales, en general, y más específicamente en Derecho del Trabajo y Seguridad Social6, el uso de la igualdad revela su mayor eficacia como técnica para implementar la justicia social, a efectos de justicia distributiva. Esto se debe a que el Derecho del Trabajo ya es protector, dadas ciertas especificidades del trabajador o condiciones de trabajo durante la actividad; y Seguridad Social en el brazo de Pensión se trata de una técnica relevante para proteger los derechos de los trabajadores en situación de inactividad.
En un país como Brasil, donde el número de personas con discapacidad alcanza niveles que consolidan la desigualdad social, cualquier medida adoptada para corregir prejuicios de capacitismo estructurante, o compensar una discriminación, o eliminar una situación de desventaja, potencia el principio de igualdad entre personas o grupos, a través de la aplicación de acciones afirmativas.
III. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, se adoptó un modelo social basado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que le da un nuevo concepto a las personas con discapacidad, esto se debe a que en el ámbito académico de los estudios sobre discapacidad aparece en el movimiento anglosajón mundial a finales de los años setenta del siglo pasado, coincidiendo con el movimiento antipsiquiátrico7, el surgimiento del feminismo8 organizado y los movimientos raciales, como el black power9.
En 1975, la Unión de Discapacitados Físicos contra la Segregación (UPIAS) publicó un texto seminal, Principios Fundamentales de la Discapacidad, que difundió las bases del llamado "modelo social de la discapacidad", donde la novedad teórica fundamental era la división entre " lesión" (deterioro) y "invalidez", porque, mientras la lesión se refiere a la condición física de la persona, la discapacidad a su vez se refiere a un vínculo impuesto por una sociedad al individuo lesionado.
Básicamente, el modelo social de la discapacidad surge como una alternativa al modelo médico-individual hegemónico que pone énfasis en el diagnóstico y construye al individuo discapacitado como un sujeto dependiente.
Mike Oliver llama a este modelo el "modelo de tragedia personal", lo que contradice a los teóricos del modelo social, donde la discapacidad es un problema social y político.
Esto se debe a que la discapacidad no existe más allá del horizonte cultural y social que la describe como tal y nunca puede reducirse a un nivel biológico y/o patológico.
Desde su creación, el campo de los estudios sobre la discapacidad ha pasado de un enfoque marxista inicial de principios de los años setenta, vinculado al redescubrimiento de la obra de Gramsci en el Reino Unido, a posiciones más recientes cercanas al postestructuralismo y al constructivismo social.
Así, la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita en Nueva York el 30 de marzo de 2007, consiste en un tratado internacional sobre derechos humanos, con el objetivo principal de promover, proteger y garantizar el pleno y equitativo ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Entre las diversas aportaciones de la Convención de la ONU destaca la adopción de una definición general de persona con discapacidad basada en el modelo funcional o biopsicosocial, que ofrece una visión coherente de las diferentes perspectivas de la salud: biológica, individual y social. .
Dentro del campo político y teórico constitutivo de la discapacidad enfatizada como condición, gana relevancia e importancia el aspecto de interacción con el entorno social, más importante que la propia discapacidad, mientras que en el campo conceptual y asistencial, el concepto reformulado de discapacidad supone una ruptura. de paradigmas para replantear conceptos y prejuicios del capacitismo y derribar barreras actitudinales.
En Brasil, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron incorporados formalmente al ordenamiento jurídico con el equivalente de una Enmienda Constitucional, habiendo sido promulgados en los términos del Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. De esta manera, sus disposiciones deben ser observadas en la construcción de las políticas sociales brasileñas, con el fin de identificar los destinatarios de la protección social y los derechos a garantizar de acuerdo con la legislación.
La Ley nº 13.146, de 6 de julio de 2015, conocida como Ley Brasileña para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LBI), determina que la evaluación de la discapacidad será biopsicosocial, realizada por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, a través de instrumentos construidos por el Poder Ejecutivo, el cual debe considerar los elementos constitutivos del concepto de discapacidad establecidos en la Convención de la ONU:
“Art. 2 Se considera persona con discapacidad a aquella que presenta una deficiencia duradera de carácter físico, mental, intelectual o sensorial que, en interacción con una o más barreras, puede obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad. en igualdad de condiciones con otras personas.
§ 1 La evaluación de la discapacidad, cuando sea necesaria, será biopsicosocial, realizada por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario y considerará:
I - impedimentos a las funciones y estructuras corporales;
II - factores socioambientales, psicológicos y personales;
III - limitación en la realización de actividades; y
IV - restricción de participación.
§ 2 El Poder Ejecutivo creará instrumentos para evaluar la discapacidad”.
El Decreto del 27 de abril de 2016, sin número, creó el Comité Nacional de Registro para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con el propósito de crear instrumentos para la evaluación biopsicosocial de la discapacidad.
Este Decreto fue sustituido por el Decreto N° 8.954, de 10 de enero de 2017, que creó el Comité para el Registro Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Evaluación Unificada de la Discapacidad, con similar finalidad. Pero no hubo consenso sobre el instrumento.
Luego de un largo período de debate, el gobierno federal emitió el Decreto N° 10.415, de 6 de julio de 2020, que estableció el GTI sobre el modelo único de evaluación biopsicosocial de la discapacidad.
A este colegiado le corresponde formular propuestas para regular la evaluación de la discapacidad en la línea de la LBI y crear o modificar los actos normativos necesarios para implementar la evaluación unificada de la discapacidad.
El Decreto también determinó que el Índice de Funcionamiento Brasileño Modificado (IFBr-M) debe ser el instrumento base para desarrollar el modelo único de evaluación de la discapacidad.
”Art. 2 Corresponde al Grupo de Trabajo Interinstitucional formular propuestas sobre:
I - acto normativo para regular el art. 2º de la Ley N° 13.146, de 6 de julio de 2015, que contendrá los instrumentos y el modelo único para la evaluación biopsicosocial de la discapacidad; y
II - la creación y modificación de los actos normativos necesarios para la implementación unificada de la evaluación biopsicosocial de la discapacidad a nivel federal.
Un solo párrafo. El Grupo de Trabajo Interinstitucional utilizará el IFBr-M como instrumento base para desarrollar el modelo único de evaluación biopsicosocial de la discapacidad”.
La primera política pública brasileña en construir un instrumento de evaluación de la discapacidad basado en la Convención de la ONU fue la Prestación de Pago Continuo (BPC), prevista en el artículo 203, inciso V, de la Constitución Federal y regulada por el artículo 20 de la Ley nº 8.742, de 7 de diciembre de 1993, conocida como Ley Orgánica de Asistencia Social. Se trata de una evaluación biopsicosocial, realizada por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, que se aplica desde 2009, es decir, incluso antes de la promulgación de la LBI.
El instrumento de Ordenanza Conjunta MDS/INSS nº 2, de 30 de marzo de 2015, consta de un formulario para cada componente de la discapacidad: funciones y estructuras corporales, actividades y participación y factores ambientales. Cada formulario contiene decenas de ítems de clasificación, indexados en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Incapacidad y de la Salud (CIF), los cuales son calificados por el perito médico federal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTP) y la trabajadora social del INSS, quienes son los miembros del equipo de evaluación del BPC. El resultado de discapacidad se determina combinando los calificadores de cada componente.
La segunda política en utilizar un instrumento basado en el Convenio fue la reducción del período de jubilación para las personas con discapacidad, prevista en el art. 201, §1º, de la Constitución, y regulado por la Ley Complementaria nº 142, de 8 de mayo de 2013. El citado instrumento tuvo como punto de partida el Índice Brasileño de Funcionalidad (IFBr), elaborado por el Instituto de Estudios del Trabajo y de la Sociedad (IETS), que fue adaptado para políticas públicas específicas, convirtiéndose en IFBr-A, y está en aplicación desde febrero de 2014.
Es importante resaltar que la discapacidad acabó siendo vista desde tres ángulos complementarios: deficiencia, discapacidad y minusvalía. El primero significa pérdida o anomalía de estructura o función; el segundo, la incapacidad que conduce a la restricción de actividades como consecuencia de la discapacidad; la tercera, desventaja derivada de una condición social nociva, derivada de la invalidez y/o invalidez.
Al adoptar una visión inclusiva e integradora de los Derechos Humanos para el intérprete y la sociedad, se pone en juego la perspectiva de un participante.
(In)cumplimiento de las leyes de cuotas
Para promover la inclusión en el mercado laboral se promulgaron varias leyes, sin embargo, la ley nº 8.213/1991, denominada Ley de Cuotas, prevé Planes de Prestaciones de Seguridad Social.
Según el artículo 93 de la Ley de Cuotas, una empresa de 100 (cien) o más empleados está obligada a cubrir el 2% (dos por ciento) de sus puestos con beneficiarios rehabilitados o personas con discapacidad calificadas, en la siguiente proporción: I- hasta 200 empleados, 2%; II- de 201 a 500, 3%; III- de 501 a 1.000, el 4%; IV- de 1.001 en adelante, el 5%.
Según el artículo, el incumplimiento de esta cuota generó dos decisiones de las Salas del Tribunal Superior del Trabajo (TST):
a) El primer caso es la sentencia de la Sala 3ª, Recurso de Revista No. TST-RR-1000858-35.2020.5.02.0033, se trata de una acción civil pública propuesta por el Ministerio Público del Trabajo, por incumplimiento de la cuota legal de contratación de personas con discapacidad, la omisión deliberada (ceguera dolosa) del demandado en incumplimiento del requisito, que alegaba falta de dinero.
Cabe señalar que las dificultades financieras no pueden oponerse a la contratación de personas con discapacidad, a riesgo de reducir el individuo a costos monetarios, legitimando el incumplimiento del principio fundamental de la dignidad humana, recomendado por el art. 1º, III de la Constitución Federal;
b) El segundo caso es la sentencia de la Sala 1°, Revista Apelación No. TST- RR - 65-70.2021.5.09.0749, Se trata de una decisión regional donde la parte reclamante afirmó haber adoptado las medidas necesarias para contratar trabajadores con discapacidad, y que los sigue contratando, pero ya no los contrata, por la ausencia absoluta de personas con discapacidad en condiciones de trabajar (fojas 1.882). Sin embargo, esta no es la hipótesis del caso, ya que, según el escenario fáctico, para liberarse de su carga jurídica, no basta con que las empresas sujetas al cumplimiento de las cuotas previstas en el art. 93 de la Ley nº 8.213/91 traen al expediente acciones que informen sobre la existencia de ofertas de empleo para personas con discapacidad, es imprescindible que demuestren la implementación de esfuerzos firmes, sistemáticos, eficaces y compatibles con la promoción real, deseo de querer contratar a estos trabajadores, promoviendo y garantizando las condiciones de acceso y permanencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
Cabe señalar que la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral es, directa o transversalmente, un tema que ha suscitado debates entre diferentes grupos sociales alrededor del mundo durante décadas.
En el camino hacia la realización de este derecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada en 1919, tiene como misión promover oportunidades para que hombres y mujeres tengan acceso a un trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.
Asimismo, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Filadelfia en su vigésima sexta reunión (Declaración de Filadelfia, 1944), afirmó expresamente que “todos los seres humanos, cualquiera que sea su raza, credo o sexo, tien
en derecho al progreso material y desarrollo espiritual en libertad y dignidad, en seguridad económica y en igualdad de oportunidades”.
A su vez, el Convenio N° 159 de la OIT – Rehabilitación profesional y empleo de personas inválidas -, aprobado en la 69ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra – 1983), en su Parte II - “Principio de la política de rehabilitación profesional y empleo de personas inválidas” personas discapacitadas”, como se desprende del artículo 4, y basándose en el principio de igualdad, las medidas positivas especiales destinadas a lograr una igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores discapacitados y otros trabajadores no deben considerarse discriminatorias.
ii. El proceso estructural – reorganización a través de los tribunales
La obligación legal de cumplir con cuotas encaminadas a la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral no se limitó a la Ley núm. 8.213/1991, En esta línea, la Consolidación de las Leyes del Trabajo - CLT, creada por el Decreto Ley n. 5.452, del 1 de mayo de 1943, unificó las leyes laborales ya existentes en el país e insertó definitivamente los derechos laborales en la legislación brasileña.
Entre las normas que tratan de las relaciones laborales individuales y colectivas, la CLT, en el artículo 611-B, XXII, trae una norma importante respecto de las relaciones laborales que involucran a personas con discapacidad, estableciendo la prohibición de cualquier discriminación en materia de salario y criterios de admisión de los trabajadores. con discapacidades.
Si bien el artículo 5 de la Constitución Federal se destaca como el principal garante de la protección de los derechos y garantías fundamentales, si bien no hay referencia expresa a las personas con discapacidad, la referida disposición constitucional consagra el principio de igualdad, que también garantiza la protección, a trabajadores con discapacidad, garantizándoles la igualdad ante la ley, sin desconocer sus diferencias, protección de la que se hace eco el artículo 7, XXXI, en el que la constitución de 1988 estableció la prohibición de cualquier discriminación en materia de salario y criterios de admisión de los trabajadores con discapacidad.
En este escenario, el respeto de las condiciones específicas de las personas con discapacidad como condición indispensable para la protección de los derechos y garantías fundamentales que se les garantizan obligaba a la Administración Pública a reservar un porcentaje de los cargos y empleos públicos a las personas con discapacidad, tal y como se determina en artículo 37, VIII, de la Constitución Federal.
A raíz de esta estructura normativa antidiscriminatoria e inclusiva, la Justicia brasileña juega un papel esencial en la aplicación de las leyes asociadas a las personas con discapacidad, en la afirmación de los derechos y garantías fundamentales de este grupo y en la resolución de conflictos que involucran los intereses de las personas con discapacidad.
Esta firme acción del Poder Judicial en la consecución de los derechos y garantías fundamentales de las personas con discapacidad cobró importante materialidad en una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que, en la sentencia del Recurso de Recurso Extraordinario (ARE 1121633), eliminó la adhesión a cupos de personas con discapacidad y cupos de aprendices al Tema 1046, que trata sobre la vigencia de normas colectivas de trabajo que limitan o restringen derechos laborales no garantizados constitucionalmente.
En su votación, el Relator de ese juicio, Ministro Gilmar Mendes, afirmó que “es procedente señalar que la discusión en el presente caso no abarca la validez de las políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad y de jóvenes y adolescentes en del mercado de trabajo, que están definidos en una legislación específica”.
El Ministro André Mendonça, al hablar de las controversias planteadas en la ARE 1121633, específicamente las disposiciones contenidas en el art. 93 de la Ley nº 8.213/91 y su cobertura por el Tema 1046, convergieron con la propuesta de voto del Ministro Relator, sobre la base de que: “es, con toda evidencia, un instrumento igualmente esencial para la implementación de derechos “absolutamente indisponibles” , constitucionalmente asegurado”, por lo que este porcentaje no puede estar sujeto a flexibilidad por convenio o convenio colectivo”.
Por lo tanto, para el STF, las cuotas asignadas a personas con discapacidad o beneficiarios rehabilitados de la Seguridad Social son instrumentos indispensables para implementar las garantías previstas en las normas constitucionales y no sujetas a flexibilidad mediante negociación colectiva, representando verdaderos derechos absolutamente indisponibles.
iii. Intersecciones capacitistas y accesibilidad actitudinal
La lucha de las personas con discapacidad por el reconocimiento, la redistribución y la representación materializa un camino para superar el estado actual en el que nos encontramos y la barbarie que nos rodea, situación que implica develar las dinámicas multiescala del capacitismo y la violencia estructural. , institucional, social, política, interpersonal e intrapsíquica que engendra, una dinámica tan naturalizada que, por momentos, resulta difícil percibirla y nombrarla, pero, aun así, satura la forma en que organizamos el trabajo, los espacios escolares y la salud, las políticas e instituciones públicas, la noción de bienestar y la vida cotidiana.
Desde este proceso podemos exponer el carácter arbitrario e histórico de las opresiones que viven las personas con discapacidad, refutar cualquier argumento que naturalice esta situación e inspirar proyectos transformadores que rechacen las ideologías segregacionistas y rediseñen los espacios sociales.
En este contexto, la accesibilidad actitudinal significaría llegar a lugares sin barreras, sin embargo en el campo de la filosofía también sería la necesidad de llegar a nuevos pensamientos.
Como descreve Enrique Dussel é preciso criar uma base ética, que o autor chama de “ética da libertação”, para a justiça social e a transformação política, incorporando uma preocupação profunda com as vozes marginalizadas e a solidariedade global.
A lógica global de desumanização, desconsideração, cancelamento e subalternização que atinge as pessoas com deficiência e certos grupos de minorias, precisam ser descontruído.
A consolidação e popularização da deficiência como construção social representa um acontecimento de grande impacto na vida dos sujeitos que vivenciam esta experiência, não devendo ser vista como algo secundário.
Isto porque, como já nos ensinava Durkheim, um fato social somente pode ser explicado por outro fato social, assim, a deficiência passa a ser explicada também como negligência e obstrução promovida por uma estrutura social insensível a sua diferença.
Tal desdobramento permite enquadrar dita categoria sob a ótica dos direitos humanos na sua mais abrangente dimensão, o que nos leva, concomitantemente, a mudar nossos quadros de referência e sentido para a construção de um conceito de justiça, que para além de uma abordagem crítica das barreiras e obstáculos que atravancam a vida das pessoas com deficiência, congregue como caráter crucial de sua ordem formativa a disponibilização de mecanismos feitos para promoção de igualdade dos historicamente discriminados.
E destacamos a necessidade da construção de uma epistemologia do capacitismo como uma categoria útil para a análise histórica das marginalizações e desigualdades sociais contribua para a emancipação política e para a construção de um novo quadro normativo.
IV. TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES ANALOGAS A LA ESCLAVITUD
La situación se agrava cuando los diarios informan: “Acción rescata a 15 trabajadores, entre ellos una persona con discapacidad, en minería en el Estado de Pará”; o “trabajadora doméstica con discapacidad intelectual de 55 años fue rescatada por inspectores de la Superintendencia Regional del Trabajo (SRTb/RS) en el municipio de Campo Bom (RS)”; o incluso “En Londrina, un hombre con discapacidad auditiva no recibía salario desde hacía 30 años”, entre muchos otros casos en los que los empleadores utilizan el subterfugio de la discapacidad y violan las normas de contratación de trabajadores.
La condición análoga a la esclavitud va mucho más allá de la privación de libertad, presentándose en las más amplias situaciones de atentado a la dignidad del ser humano, como en los casos de sometimiento a condiciones de trabajo degradantes, jornadas de trabajo exhaustivas o forzadas por deudas impuestas a los trabajadores.
A nivel internacional, Brasil ha ratificado varios tratados sobre el tema, asumiendo un compromiso global para combatir el trabajo esclavo.
Al adherirse a la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU), Brasil asumió los compromisos humanitarios de que: i) “Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos serán prohibidas en todas sus formas” y ii) “ Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones de trabajo justas y favorables y a la protección contra el desempleo”.
Además, con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también se reforzó el compromiso brasileño de que “Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre, incluidas la trata de esclavos y la trata de mujeres. prohibidos en todas sus formas”.
El Estado brasileño también se comprometió a adoptar medidas efectivas y abolir toda forma de trabajo forzoso u obligatorio mediante la firma de los convenios núms. 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Convención de las Naciones Unidas sobre la Esclavitud de 1926, modificada por el Protocolo de 1953 y la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud de 1956: ratificada por Brasil en 1966, establecen el compromiso de sus signatarios de abolir completamente la esclavitud en todas sus formas;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966: ratificado por Brasil en 1992, prohíbe, en su artículo 8, todas las formas de esclavitud;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1966: ratificado por Brasil en 1992, garantiza, en su artículo 7, el derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano o Declaración de Estocolmo de 1972, cuyo 1º principio establece que: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un entorno de tal calidad que le permita conducirse”. una vida digna de disfrutar del bienestar”;
Es importante recordar que Brasil, en los años 90, fue condenado por violar derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 6.1, que trata del derecho a no ser sometido a esclavitud. , en un historial de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fazenda Brasil Verde, ubicada en el Estado de Pará.
Sin embargo, incluso con repercusiones penales, en los términos del artículo 149 del Código Penal, reducir a alguien a una condición análoga a la de esclavo, ya sea sometiéndolo a trabajos forzosos o a jornadas de trabajo exhaustivas, o sometiéndolo a condiciones de trabajo degradantes , o restringiendo, por cualquier medio, su circulación a causa de una deuda contraída con su empleador o agente podrá acarrear una pena de prisión de dos a ocho años, además de una multa y una pena correspondiente a la violencia aplicada.
Y también laboral, con orden de pago de todos los fondos laborales previstos por la ley, pago de indemnización por el daño moral causado a la comunidad.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) ha trabajado constantemente junto con la Policía Federal para combatir esto.
En el caso del discapacitado rescatado de la minería en la Fazenda Rio Preto, en el Estado de Pará, el MPT tomó medidas cautelares y obtuvo la orden de bloqueo de bienes y dinero de los investigados por el valor de 5 millones de reales por parte del Tribunal del Trabajo. asegurar el pago de fondos laborales a los rescatados, así como la compensación por daños morales individuales y colectivos, y pagos de tierras y seguridad social.
La mujer discapacitada que trabajaba en servicios domésticos fue trasladada a un albergue de resocialización para personas con discapacidad, hasta que la familia respondiera al proceso.
El propietario de la hacienda de Londrina llegó a un acuerdo con el empleado para pagar la indemnización en cuotas, por valor de R$ 500.000. La víctima también tenía derecho a tres cuotas del seguro de desempleo equivalentes a un salario mínimo.
Estos procesos de estructuración exigen una revisita, revisión y diálogo cooperativo entre los Poderes y el Estado, teniendo en cuenta la multipolaridad, es decir, existen diferentes centros de intereses, dentro de un mismo polo procesal, que no pueden representarse simplemente como si fuera una demanda. individuo con interés lineal: Demandante x Demandado.
De este análisis surge una pregunta central en el ámbito del proceso democrático: cómo ver e interpretar la Teoría de la Separación de Poderes, ya que el proceso de estructuración muchas veces trata de Políticas Públicas que, en rigor, son competencia del Poder Ejecutivo y, a veces de la Legislatura.
Es necesario superar el estado de inconformidad estructurada, y para ello sería necesario discutir Políticas Públicas, y no es función del Poder Judicial prepararlas o implementarlas. La cuestión gana un importante debate en caso de omisión de las demás Potencias y provocación del Sistema de Justicia.
V. CONCLUSIÓN
A la vista de estos datos estadísticos, y de la legislación constitucional e infraconstitucional, así como de la jurisprudencia de tribunales superiores e internacionales, en relación con las personas con discapacidad, en particular en lo que respecta al acceso al mercado laboral, se concluye que persiste una exclusión que es sólo justificado por el prejuicio, llamado capacitismo, que es estructural en nuestra sociedad de “virtudes” prediseñadas.
La relevancia y el significado profundo de la protección especial de los trabajadores rehabilitados y de las personas con discapacidad calificadas, consagrada en el artículo 93 de la Ley nº 8.213/1991, es compatible con las garantías institucionales de la dignidad de la persona humana y del valor social del trabajo contenidas en el artículo 1, III y IV de la Constitución Federal, que también reconoce la construcción de una sociedad justa y solidaria y la reducción de las desigualdades sociales (art. 3, I y III), el derecho social al trabajo (art. 6, caput), del orden económico fundado en la valorización del trabajo humano para asegurar a todos una existencia digna de acuerdo con los dictados de la justicia social (art. 170) y del orden social cuya base es la primacía del trabajo (art. 193).
Las cuotas asignadas a personas con discapacidad o beneficiarios rehabilitados de la Seguridad Social son instrumentos indispensables para implementar las garantías previstas en las normas constitucionales y no pueden flexibilizarse.
El análisis del tema, por tanto, va más allá de la visión individualista de polos totalmente antagónicos en la relación procesal.
Es necesario cambiar esta condición y avanzar hacia un modelo de práctica de accesibilidad actitudinal, en el que sea necesario adoptar nuevas actitudes, resignificar conceptos y prejuicios y deconstruir la lógica global de deshumanización, desprecio, cancelación y subalternización, que margina. las personas que componen la diversidad (y especialmente las personas con discapacidad).
Finalmente, reconociendo los avances ya logrados, es importante construir una nueva cultura de vivificación de las leyes contra la discapacidad, transformándolas en acciones concretas que marquen una diferencia en la vida de las personas con discapacidad. Las llamadas “discapacidades” forman parte de la diversidad humana y la igualdad de oportunidades no es un privilegio, sino un derecho fundamental de las personas con discapacidad.
VI. LISTA DE REFERENCIAS
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En el principio de diferencia, la idea defendida por Jhons Rawls es que la sociedad debe promover la distribución equitativa de la riqueza, salvo que la existencia de desigualdades económicas y sociales genere mayores beneficios para los menos favorecidos.︎
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En Brasil, la Seguridad Social es un todo, compuesto por la pensión, la asistencia social y la salud.︎
En la década de 1960, el psiquiatra italiano Franco Basaglia propuso una reformulación del concepto de locura, cambiando el enfoque de la enfermedad y ampliándolo con cuestiones de ciudadanía e inclusión social, lo que en Brasil derivó en la Reforma Psiquiátrica.︎
Las bases teóricas del feminismo participaron activamente en el movimiento, señalando la paradoja que acompañaba las premisas del Modelo Social, frente a las críticas al capitalismo y la tipificación del sujeto productivo como no discapacitado, así como en la lucha política. eliminar barreras y permitir la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. En otras palabras, la atención se centró en la inclusión y no en una crítica profunda de algunos de los supuestos morales de la organización social en torno al trabajo y la independencia. En este escenario, las teóricas feministas colocaron la cuestión del impedimento y el cuidado en el centro de las discusiones.︎
El movimiento Black Power surgió en Estados Unidos durante las grandes movilizaciones de la población afrodescendiente por la igualdad de derechos civiles en la década de 1960, y tuvo una fuerte influencia en las poblaciones negras de América Latina y el Caribe en los años y décadas siguientes. destacó el fenómeno social y político de la subalternidad y la opresión racial.︎
