A moralidade como condição implícita de elegibilidade

ANEXO (Legislação Alienígena)

Este tópico resulta da busca por referências sobre a legislação em outros países quanto a condições de elegibilidade que possam auferir de uma maneira ou de outra a moral administrativa ou constitucional do candidato sem transito em julgado de sentença condenatória. O objeto deste anexo recaiu principalmente naqueles países com uma realidade sócio-cultural semelhante à do Brasil e por razões lógicas se optou pela América Latina.

Também pela sua indiscutível influência, servindo muitas vezes como paradigma para a construção da democracia no Brasil e no mundo, os Estados Unidos, levando sempre em consideração que o sistema jurídico é consuetudinário destacamos o texto a seguir:

Constituição da Califórnia na seção que trata sobre o Poder legislativo, art. 4 SEC. 1.5:

O povo confia e declara que os Pais da Pátria estabeleceram um sistema de governo representativo baseado em eleições livres, justas e competitivas. O aumento da concentração de poder político nas mãos de representantes eleitos fez nosso sistema eleitoral menos livre, menos competitivo e menos representativo.

A possibilidade dos legisladores de servir um número ilimitado de interesses próprios, de estabelecer o seu próprio sistema de aposentadoria e de pagar pessoal e serviços de apoio à custa do Estado contribui fortemente para o crescente número de agentes políticos que são reeleitos. Estas vantagens dos políticos tornam a concorrência desleal e desencorajam outros candidatos qualificados e faz surgir uma classe de políticos de carreira, em vez de representantes dos cidadãos como imaginado pelos Pais da Pátria. Estes políticos de carreira tornaram-se representantes da burocracia, em vez de representantes do povo por quem eles são eleitos para representar.

Para restaurar um sistema livre e democrático de eleições livres e justas, e incentivar os candidatos qualificados a procurar um cargo público, o povo confia e declara que os poderes do político devem ser limitados.

Benefícios de aposentadoria devem ser restritos, o pessoal e os serviços de suporte utilizados pelos políticos e financiados pelo Estado devem ser limitados, e limitações deve haver ao número de leis que possam ser aprovadas.

(Tradução livre)

Quanto aos países latino-americanos pesquisados todos têm como condição de elegibilidade ser eleitor, ao igual que o Brasil, razão pela qual, elencadas aqui, primeiramente, as condições de eleitor quanto a moralidade sem a exigência de sentença condenatória transitada em julgado no que se refere ao sufrágio ativo:

- Argentina, (Código Eleitoral Nacional):

Artículo 3. - Quiénes están excluidos. Están excluidos del padrón electoral:

a) Los dementes declarados tales en juicio y aquellos que, aun cuando no lo hubieran sido, se encuentren recluidos en establecimientos públicos;

b) Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito,

c) Derogado

(Modificación introducida por la ley 24.904)

d) Los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad;

e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena;

f) Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis;

g) Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción;

h) Los infractores a las leyes del servicio militar, hasta que hayan cumplido con el recargo que las disposiciones vigentes establecen;

i) Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción:

j) Los que registren tres sobreseimientos provisionales por delitos que merezcan pena privativa de libertad superior a tres años, por igual plazo a computar desde el último sobreseimiento;

k) Los que registren tres sobreseimientos provisionales por el delito previsto en el artículo 17 de la Ley N. 12.331, por cinco años a contar del último sobreseimiento.

Las inhabilitaciones de los incisos f) y k) no se harán efectivas si entre el primero y el tercer sobreseimiento hubiesen transcurrido tres y cinco años, respectivamente;

l) Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos;

m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

- Chile, (Constituição);

ARTÍCULO 16.- El derecho de sufragio se suspende:

1º.- Por interdicción en caso de demencia;

2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y

3º.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal.

Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19.

- El Salvador: (Constituição datada em 15/12/1983):

Art. 73.- Los deberes políticos del ciudadano son:

1º.- Ejercer el sufragio;

2º.- Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República;

3º.- Servir al Estado de conformidad con la ley.

El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa, contemplada en esta Constitución.

Art. 74.- Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes:

1º.- Auto de prisión formal;

2º.- Enajenación mental;

3º.- Interdicción judicial;

4º.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado.

Art. 75.- Pierden los derechos de ciudadano:

1º.- Los de conducta notoriamente viciada;

2º.- Los condenados por delito;

3º.- Los que compren o vendan votos en las elecciones;

4º.- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin;

5º.- Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio.

En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por autoridad "conducta notoriamente viciada";

- Mais adiante:"notória moralidad" arts. 126, 151 y 153 da Constituição;

Art. 126.- Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección.

[...]

Art. 151.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.

[...]

Art. 153.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará al Vicepresidente de la República y a los Designados a la Presidencia.

- México "un modo honesto de vivir", art. 34 da Constituição.

- Honduras, (Constituição):

ARTICULO 41.-La calidad del ciudadano se suspende:

1. Por auto de prisión decretado por delito que merezca pena mayor;

2. Por sentencia condenatoria firme, dictada por causa de delito; y,

3. Por interdicción judicial.

ARTICULO 42.-La calidad de ciudadano se pierde:

1. Por prestar servicios en tiempo de guerra a enemigos de Honduras o de sus aliados;

2. Por prestar ayuda en contra del Estado de Honduras, a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional;

3. Por desempeñar en el país, sin licencia del Congreso Nacional, empleo de nación extranjera, del ramo militar o de carácter político;

4. Por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular;

5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República; y,

6. Por residir los hondureños naturalizados, por más de dos años consecutivos, en el extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo.

En los casos a que se refieren los numerales 1) y 2), la declaración de la pérdida de la ciudadanía la hará el Congreso Nacional mediante expediente circunstanciado que se forme al efecto. Para los casos de los numerales 3) y 6), dicha declaración la hará el Poder Ejecutivo mediante acuerdo gubernativo; y para los casos de los incisos 4) y 5) también por acuerdo gubernativo, previa sentencia condenatoria dictada por los tribunales competentes.

[...]

ARTICULO 45.-Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país.

- México, (Constituição de 1917):

Artículo 34 - Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I.- Haber cumplido 18 años, y

II.- Tener un modo honesto de vivir.

Artículo 38.-Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III.- Durante la extinción de una pena corporal;

IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Panamá,(Constituição):

Artículo 133.- El ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende:

Por causa expresada en el artículo 13 de esta Constitución.
Por pena conforme a la Ley.

Artículo 136.- Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohiben:

El apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.
Las actividades de propaganda y afiliación partidista en las oficinas públicas.
La exacción de cuotas o contribuciones a los empleados públicos para fines políticos, aun a pretexto de que son voluntarias.
Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula de identidad.

La Ley tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones respectivas.

Uruguai, (Constituição)

Artículo 80.- La ciudadanía se suspende:

1º) Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente.

2º) Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría.

3º) Por no haber cumplido dieciocho años de edad.

4º) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.

5º) Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que determinará la ley sancionada de acuerdo con el numeral 7º del artículo 77.

6º) Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, las contenidas en las Secciones I y II de la presente Constitución.

7º) Por la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 75. Estas dos últimas causales sólo regirán respecto de los ciudadanos legales. El ejercicio del derecho que otorga el artículo 78 se suspende por las causales enumeradas precedentemente.

Notas

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, 73
Confira-se sobre o tema: Cabral de Moncada. Filosofia do Direito e do Estado, 1995, pp. 134 ss. E Gustav Radbruch Introducción a la Filosofía del Derecho, 1974, pp. 53 ss. No rigor dos conceitos, o direito está para a ciência jurídica, assim como a moral está para a ética.
MONCADA,L. C. de. Filosofia do Direito e do Estado. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, pp. 134ss.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003, p. 373
ROUSSEAU, Jean-Jecques. Textos filosóficos; seleção de textos Patrícia Piozzi; tradução de Lúcia Pereira de Souza. São Paulo: Paz e Terra, 2002. (Coleção Leitura), p. 76.
IBDEM, pp. 62-63.
WEBER, M. Economía y sociedad. 2. ed. em espanhol. México: Fondo de Cultura Económica (1.ª edição em alemão), 1922, pp. 200-201; APUD HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 2 v.
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 2 v, p. 193.
IBDEM, p. 201.
IBDEM, p. 203.
REALE. Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 42.
IBDEM
IBDEM, p. 43.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 67.
BOBBIO, Norberto. Direito e estado no pensamento de Emanuel Kant; Tradução de Alfredo Fait. 3. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995, p. 258.
IBDEM, p. 394.
Op. cit. p. 230.
Op. cit. p. 43.
DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de filosofia do direito. v. II. 3. ed. corrigida e atualizada. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1979, p. 93
Op. cit. p. 51.
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6. ed. Tradução L. Cabral de Moncada. Coimbra: Armênio Amado, 1997, pp. 99-100.
Op. cit. p. 49.
Op. cit. pp. 279 e 283.
Op. cit. p. 67.
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estado do Direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 355.
ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 145
BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direit;Tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1999, p. 17.
IBDEM, pp. 20-21.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 318.
IBDEM, p. 1999, p. 32.
BARCELLOS, Ana Paula de, As relações da filosofia do direito com a experiência jurídica. Uma visão dos séculos XVIII, XIX e XX: algumas questões atuais. Revista Forense. v. 351. 2000, p. 10.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 77.
IBDEM, p. 82.
IBDEM, p. 77.
HALIS, Denis de Castro, A necessidade de uma teoria da justiça substantiva como complemento à teoria do direito positivo. Revista Imes. n. 5.pp. 21-33, jul/dez. 2002, p. 26.
KELSEN, Op. cit. 1998, p. 78.
IBDEM.
Op. cit. pp. 324-325.
A decadência do positivismo é emblemática associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro da legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei. Os principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e da obediência a ordens emanadas da autoridade competente. ( BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 325).
J. Flóscolo Nóbrega, Introdução ao direito, p. 30, assim define: "A justiça é o elemento moral do direito, moral no sentido espiritual, de teleológico; e é seu princípio e fim, pois sem ela não conceberia o direito, que existe tão só como meio, ou técnica de realizá-la". E também John Rawls, Uma teoria da justiça, p. 7, "Para nós o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social. Por instituições mais importantes quero dizer a constituição política e os principais acordos econômicos e sociais".
Carlos Maximiliano (2001, p. 83) assevera com vigor que "a interpretação, que outrora parecia água plácida, estagnada, é hoje um mar assaz agitado".
Dirley da Cunha Júnior (2004, p. 153) sublinha: "À vista desse critério [dignidade humana], podemos conceituar os direitos fundamentais como aquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, isto é, prerrogativas, faculdades e instituições que a Constituição reconhece como imprescindíveis a uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. De um lado mais amplo, podemos concebê-lo como princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico.
O pós-positivismo identifica um conjunto de idéias difusas que ultrapassam o legalismo estrito do positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva do jusnaturlismo. Sua marca é ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a essencialidade dos direitos fundamentais. Com ele, a discussão ética volta ao Direito. O pluralismo político e jurídico, a nova hermenêutica e a ponderação de interesses são componentes dessa reelaboração teórica, filosófica e prática que fez a travessia de um milênio para o outro. (BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro. In Revista Diálogo jurídico. Salvador : CAJ –Centro de Atualização Jurídica. V.1 nº6. setembro, 2001. Disponível em http://www.direitopublico.com.br. Acesso em 21 de dezembro de 2004.)
BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., 2003, p. 326.
David Wilson de Abreu Pardo (2003, p. 62), comentando a teoria do garantismo jurídico de Ferrajoli, dá suporte para compreensão de um dos aspectos do pós-positivismo, a positivação e importância dos direitos fundamentais na ordem constitucional, nestes termos: "O fato de a ordem jurídico-normativa conter elementos materiais, como são os direitos fundamentais , considerados vinculantes para os poderes públicos, fornece as condições para a formulação da teoria do garantismo jurídico, elaborada por Luigi Ferrajoli. O jurista italiano parte da constatação de que nos modernos estados constitucionais ocorreu uma incorporação dos direitos fundamentais ao ordenamento jurídico positivo, via Constituição, que são conteúdos ou valores de justiça elaborados pelo jusnaturalismo racionalista ilustrado. Em conseqüência, também ocorreu uma aproximação entre legitimação interna ou dever ser jurídico e legitimação externa ou dever ser extrajurídico, o que torna relativo o sentido do velho conflito entre direito positivo e direito natural. Todo estado de direito, especialmente se está dotado de uma Constituição rígida, é sucetível de valoração não só externa, referida a princípios naturais de justiça, senão também interna, quer dizer, referida a seus próprios princípios tal e como estão garantidos por essas tábuas positivas do direito natural que são os textos constitucionais."
Existe uma forte tendência entre os filósofos de separar a Ética da Moral, estando aquela acima desta, apesar de historicamente serem tomados como sinônimos. É de Schelling, segundo Lalande (1993, pp. 125-126), a distinção: "A Moral em geral indica um comando que só se endereça ao indivíduo e não exige senão a personalidade absoluta do indivíduo; a Ética indica um comando que supõe uma sociedade de seres morais e que assegura a personalidade de todos os indivíduos, pelo que ela o exige de cada um deles". H. Spencer entende a Ética distinguindo-a em três conceitos: "1) A Moral, isto é, o conjunto das prescrições admitidas numa época e numa sociedade determinadas, o esforço para se conformar a essas prescrições, a exortação a segui-las; 2) A ciência de fato tendo por objeto a conduta dos homens (ou mesmo, segundo a opinião de Spencer, dos seres vivos, em geral), abstração feita dos julgamentos de apreciação que os homens fazem sobre essa conduta [...]; 3) A ciência que toma como objeto imediato os julgamentos de apreciação sobre os atos qualificados como bons ou maus. É o que nos propomos chamar Ética." (LALANDE, 1993, p. 126).
Op. cit., 2008, p. 343.
DWORKIN, Ronald. O império do direito; Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999; Dworkin, dividiu os princípios entre princípios em sentido estrito e diretrizes políticas, Robert Alexy não faz esta distinção, para ele tudo são princípios, tanto as normas de direitos fundamentais do indivíduo como as que ordenam a persecução de interesses da comunidade, e em relação aos direitos fundamentais concede apenas uma prioridade prima facie, indicando um ponto de partida.
Alexy coloca que embora os princípios sejam espécies de normas, estes podem distinguir-se daquelas pela generalidade e também pela forma qualitativa, demonstrando que essa diferença desponta com maior intensidade quando se tem uma colisão de princípios ou um conflito de regras. Mas, o ponto decisivo para distinção entre regras e princípios, é a idéia de que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na sua maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, onde as regras são mandatos definitivos e os princípios são mandatos de otimização, que se caracterizam por poder serem cumpridos em diversos graus. Por isso a forma de aplicação dos princípios é a ponderação (ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 83 e ss).
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 281.
Idem, ibidem, p. 294.
O constitucionalismo chega vitorioso ao inicio do milênio, consagrado pelas revoluções liberais e após haver disputado com inúmeras outras propostas alternativas de construção de uma sociedade justa e de um Estado democrático. A razão de seu sucesso está em ter conseguido oferecer ou, ao menos, incluir no imaginário das pessoas: (i) legitimidade – soberania popular na formação da vontade nacional, por meio do poder constituinte; (ii)limitação do poder – repartição de competências, processos adequados de tomada de decisão, respeito aos direitos individuais, inclusive das minorias; (iii) valores- incorporação à Constituição material das conquistas sociais, políticas e éticas acumuladas no patrimônio da humanidade. ( BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 310)
Para Carlos Maximiliano (2001, p. 50) os princípios gerais do direito são "Todo conjunto harmônico de regras positivas é apenas o resumo, a síntese, o substratum de um complexo de altos ditames, o índice materializado de um sistema orgânico, a concretização de uma doutrina, série de postulados que enfeixam princípios superiores. Constituem estes as diretivas idéias do hermeneuta, os pressupostos científicos da ordem jurídica". E Geraldo Ataliba (1998, p. 51) assevera: "Os princípios são as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constituídos). Eles expressam a substância última do querer popular, seus objetivos e desígnios, as linhas mestras da legislação, da administração e da jurisdição. Por estas não podem ser contrariados; têm que ser prestigiados até as últimas conseqüências."
Segundo Ana Paula Barcellos (2000, p. 26); "Sob a forma de princípios, os valores passaram a ser as idéias centrais das Cartas constitucionais (não apenas filosoficamente – como se esperava sempre tivessem sido – mas também juridicamente) e, a fortiori, dos Estados por elas organizados, independentemente do governo escolhido a cada momento. Como se vê, parte do crescimento dos temas materialmente constitucionais pode ser debatido à conta da migração de antigos pressupostos axiológicos para o texto positivo, com a releitura que os novos tempos impõe, e isso por razões históricas das quais definitivamente não há nada de que se orgulhar, mas que, por isso mesmo, não devem ser desprezadas."
BEÇAK, Rubens. A dimensão ético-moral e o direito. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. n. 09 – jan./jun. 2007, p. 318.
BOBBIO, Noberto (1909), A Era dos Direitos, 4º Reimpressão, Tradução de Carlos Nelson Coutinho, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1992, p. 24.
IBDEM, p. 71.
IBDEM, p. 72.
IBDEM, p. 101.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 344-345.
PINTO, Djalma. Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal. São Paulo, 2003, p. 68.
SILVA, Op. cit. p. 346.
No escólio de |Luís Roberto Barroso (2008, p. 256): "Por direito subjetivo entende-se o poder de ação, assente no direito objetivo, e destinado à satisfação de determinado interesse. Singularizam o direito subjetivo distinguindo-o de outras posições, a presença, cumulada, das seguintes características: a) a ele corresponde sempre um dever jurídico; b) ele é violável, ou seja, existe a possibilidade de que a parte contrária deixe de cumprir o seu dever; c) a ordem jurídica coloca à disposição de seu titular um meio jurídico - que é a ação judicial – para exigir-lhe o cumprimento, deflagrando os mecanismos coercitivos e sancionatórios do Estado."
SILVA, Op. cit. p. 381.
COSTA, Adriano Soares. Instituições de Direito Eleitoral. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 62.
COSTA, Op. cit. p.63
COSTA, Op. cit. p.63.
CORRÊA, Oscar Dias. O Sistema Político-Econômico do Futuro: O Societarismo. Editora: Forense Universitária, RJ. 1994. ISBN: 85-218-127-0, p.96.
BARBOSA, Rui. Obras completas. v. XLVI. t. II. São Paulo: 1919, p.56.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 90-91.
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estado do Direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 358.
HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição, tradução de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre; Sérgio Fabris, 1991, pp. 13-15.
CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua; CERQUEIRA, Camila Medeiros de Albuquerque Pontes Luz de Pádua. Tratado de Direito Eleitoral, Tomo IV. São Paulo: Premier Editora, SP, 2008, p. 46.
Adriano Soares (2008, p. 149) assim às elenca: "(a) prescrevendo cominação de inelegibilidade apenas para uma eleição específica, na qual o nacional concorrendo; (b) prescrevendo a cominação de inelegibilidade por um trato de tempo determinado, abrangendo as eleições que ocorram dentro do período fixado; (c) cominando inelegibilidade por um tempo indeterminado, dependendo de evento futuro para sua extinção; (d) coalescendo as duas primeiras técnicas, com a prescrição da inelegibilidade para a eleição na qual o ato ilícito visava influir, acrescida da inelegibilidade para eleições futuras que se realizem dentro de um determinado período prefixado; e (e) aplicando sucessivamente duas espécies de inelegibilidades prolongadas no tempo."
COSTA, Op. cit. p. 61.
COSTA, Op. cit. p. 29.
COSTA, Op. cit. p.147.
COSTA, Op. cit. p. 30.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 16. ed. Saraiva: 1991, pp.184-185.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, pp. 96-97.
DWORKIN, Op. cit. p.178.
HABERMAS, Op. cit., p. 178.
MÉRO, Carlos Henrique Tavares. Direito eleitoral para partidos políticos e candidatos. Maceió: Catavento, 2008, p. 55.
CÂNDIDO, Joel J. Direito eleitoral brasileiro. 11. ed. Bauru: Edipro, 2005, p. 98.
STOCO, Rui e STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação eleitoral interpretada: doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 270.
COSTA, Op. cit. p. 270.
CUNHA, Sergio Servulo. Fundamentos de Direito Constitucional. ISBN: 8502046772, Editora: Saraiva, 2004, pp. 185-186.
COSTA, Op. cit. p. 270.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil. Tomo I, São Paulo: Forense, 1979, p. 26.
MENDES, Gilmar Ferreira. A ação declaratória de constitucionalidade: inovação da emenda constitucional 3/93. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: RT. n 4. jul/set 1993, pp. 99-100.
CÂNDIDO, Op. Cit., p. 133.
NIESS, Pedro Henrique Távora. Direitos Políticos. 2. ed. Bauru: Edipro, 2000, p. 194.
COSTA, Op. Cit., p. 287.
COSTA, Adriano Soares. Teoria da Inelegibilidade e o Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 257.
Nessa particularidade: "Registro de candidato. Inelegibilidade. Abuso de poder econômico. LC nº 64/90, art. 1º, I, alínea 'd'. A impugnação ao pedido de registro de candidatura, fundada em abuso de poder econômico, deve vir instruída com decisão da Justiça Eleitoral, com trânsito em julgado, sendo inadmissível a apuração dos fatos no processo de registro. Recurso ordinário desprovido" (Acórdão nº 11.346, de 31.08.90, rel. Min. Célio Borja, in: RJTSE 2(3)/111). Outrossim: "Registro de candidatura. Impugnação. Abuso de poder econômico. Inelegibilidades previstas no art. 1º, inc.I, letras 'h' e 'i' da Lei Complementar nº 64, de 1990. I - No caso, o Juiz-Relator do feito decidiu que a competência para apurar o alegado abuso do poder econômico é do Corregedor, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, tendo permanecido irrecorrida a sua decisão. II - Ademais, segundo se depreende do art. 1º, I, 'd', da Lei Complementar n. 64, de 1990, o processo de registro é inadequado para apuração da causa de inelegibilidade consubstanciada no abuso de poder econômico. III - Finalmente, inocorrem as causas de inelegibilidade, previstas no art. 1º, inciso I, 'h' e 'i', da citada Lei Complementar, porquanto o acórdão recorrido faz convincente demonstração de que o recorrido, após 30 de abril do corrente ano, não exerceu cargo de direção nas empresas indicadas pelo recorrente, bem como da inexistência de condenação criminal capaz de provocar inelegibilidade. IV - Recurso não conhecido quanto ao abuso de poder econômico e desprovido quanto ao mais" (Acórdão nº 12085, de 05.08.94, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, publicado em sessão no dia 05/08/94). Entendimento que hoje voltou a predominar no TSE.
"Não obstante a LC nº 64/90 não haja sido expressa a respeito, é fora de dúvida que a impugnação ao registro, além da argüição de inelegibilidade, pode ser feita mediante alegação de abuso do poder econômico ou político, praticado em detrimento da liberdade de voto, antes da convenção partidária ou do registro. Veja-se que, de acordo com os parágrafos do referido art.3º e, ainda, com os arts.4º e 8º da referida LC nº 64/90, o candidato será notificado para contestar, querendo, a impugnação, que será julgada após a mais ampla fase instrutória, com a produção de prova oral, documental e, até mesmo, busca e apreensão de documentos em poder de terceiros. Além disso, a decisão proferida pelo Juiz ou Tribunal poderá ser atacada por meio de recursos ordinário e especial."(Acórdão nº 12.676, de 18.6.96, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU de 16.8.96, in: JTSE 8/2, abr./jun. de 1997, p.119)